El perverso jueguecito responde claramente al temor que tienen en algunas instancias judiciales. No quieren que el escándalo de las malévolas represalias contra el juez Presencia llegue a conocerse en Europa.

Ayer mismo recibía en su domicilio la notificación. Le comunicaban que han suspendido una nueva entrada en prisión de la que el magistrado represaliado no tenía conocimiento alguno. Meten la pata continuamente.

La Sala del TSJCLM nombró a un Procurador de oficio al que encomendó que notificara las resoluciones a un antiguo abogado de Fernando Presencia que hacía años que había renunciado a su defensa.

Esta es la segunda vez que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha acuerda el ingreso en prisión del juez Presencia y, además, por vez segunda lo vuelve a suspender.

En ambos casos se trata de las sentencias que, a modo de represalia, condenaron al magistrado por dos inventados delitos de prevaricación judicial al intentar ayudar a dos denunciantes de corrupción que querían preservar su anonimato.

En cada una de ellas se le condenaba al juez Decano de Talavera de la Reina a la pena de 10 años de inhabilitación, esto hace un total de 20 años, la mayor pena impuesta a un juez en toda la historia de la democracia en España.

Según la denuncia que ha presentado hoy mismo ACODAP, la asociación contra la corrupción liderada por el mismo Presencia:

“Los magistrados Eduardo Salinas Verdeguer, Jesús Martínez-Escribano Gómez y Carmen Piqueras Piqueras habrían cometido un claro delito de prevaricación judicial al intentar dar cumplimiento a una sentencia que el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había prohibido ejecutar y que tampoco había sido publicada en el Boletín Oficial del Estado. Para ello, los referidos magistrados no han dudado en ocultar la tramitación de esa ejecución, llegando al paroxismo cuando dejaron de notificar incluso el auto de prisión, haciendo público solo el acuerdo de suspensión de la pena”.

Iguales delitos habrían cometido los mismos magistrados, según expone claramente en la denuncia, cuando decidieron ejecutar la primera sentencia de prevaricación, ordenando el ingreso en prisión y suspendiendo luego la medida, cuando el CGPJ

“no había ordenado el cese del juez Presencia en su destino, ni tampoco la publicación de esa sentencia en el Boletín Oficial del Estado”.

Todo el apaño, a día de hoy, sigue sin haberse publicado en el BOE. Tampoco el Rey ha firmado nada que vaya contra el juez Presencia.

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