La magistrada valenciana, Carmen Llombart Pérez, fue denunciada el pasado 27 de junio ante Hacienda por tener a su nombre 720.000 euros en un paraíso fiscal, en concreto, en el Centro Bank de LIECHTENSTEIN.

Después de que ACODAP, la asociación contra la corrupción liderada por el juez Presencia, en la misma fecha publicara en su página web la denuncia del investigador Alberto Royuela y del periodista Juan Martínez Grasa, y después incluso de que el juez Gadea incoara sus polémicas Diligencias Previas 50/2022, la vocal judicial, Carmen Llombart, se ha decidido a presentar en los últimos días del mes de julio denuncia en contra del juez Presencia falsificando la fecha en que, según ella, ocurrieron los hechos.

Llombart miente en su escrito y asegura que la denuncia en Hacienda contra ella y los demás vocales del CGPJ se presentó el día 12 de junio, lo que se puede comprobar que no es cierto. La denuncia se presentaría dos semanas después (el 27 de junio), siendo posterior al también polémico comunicado de Marchena, e incluso al controvertido auto de incoación del procedimiento que todavía sigue instruyendo el juez de refuerzo del juzgado central de instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional.

La idea que persigue la magistrada valenciana con esa falsedad, y que por ahora le está saliendo bien, es que su denuncia se retrotraiga y se acumule indebidamente al procedimiento iniciado por Marchena, a pesar de que ninguno de los dos jueces representa por sí mismo a las altas instituciones del Estado (ni Marchena representa al Tribunal Supremo, ni Carmen Llombart representa al CGPJ), y en consecuencia el procedimiento no era, ni tampoco es ahora, competencia de la Audiencia Nacional.

Como señala el juez Fernando Presencia “en cualquier caso el procedimiento debería haber comenzado con demanda de conciliación y posterior querella de los perjudicados ante la jurisdicción ordinaria” dado que el blanqueo de capitales que se está investigando en Hacienda no necesariamente tiene que ver con el ejercicio de sus funciones judiciales. Por lo demás “entre autoridades no cabe el desacato”, termina diciendo el juez representante de ACODAP”.

Todas estas circunstancias ya han sido puestas de manifiesto ante el juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional, mediante el escrito de recurso que ha sido elaborado por el abogado sevillano, José Manuel Martin Leal, experto en la defensa de los intereses de la Unión y de los denunciantes de corrupción.