Un representante autorizado del Benemérito Cuerpo fundado por el Duque de Ahumada ha informado hoy, 9 de abril de 2021, que se emprenden las pertinentes tareas de investigación tras la denuncia que presentó el ex-policía nacional y socio de ACODAP José Antonio Serrano en nombre de la Asociación ante el cuartel de la correspondiente demarcación territorial.

ACODAP, la “Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública liderada por el ex juez decano de Talavera de la Reina Fernando Presencia, formuló denuncia en base a los documentos del “expediente Royuela” que señalan la existencia de una tenebrosa organización perfectamente definida y controlada por el ex fiscal de Cataluña apellidado Mena. La banda se dedicaba al sicariato por encargo y previo pago. En ella participarían algunos personajes integrados en los cuerpos de seguridad del Estado, así como laboratorio forense y policía científica. De este modo lograban la abstención de esos cuerpos en las investigaciones de los asesinatos, dejando ocultas las causas. La fiscalía era dominada por el propio Mena.

En una carta, dirigida por Mena al entonces fiscal jefe anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, le pide que se entreviste con Zapatero. En la misiva se mencionan expresamente las fosas comunes (“chalés” en la jerga de Mena) en la que serían enterrados los casi 400 sicarios (“inquilinos”), los que sirvieron a la banda para ejecutar los crímenes (“eliminaciones”) que se describen en miles de manuscritos. Este es el texto transcrito:

Carlos

Te dije hace unos días que ya le había enviado a Zapatero la carta en los términos que me dijiste, exponiéndole la situación en que iba a quedar todo por aquí después de mí jubilación que, como sabemos, está a la vuelta de la esquina.

Más o menos se lo expuse con toda crudeza, pero no le mencioné nada sobre los chalets de (…), Vinaroz y Mequinenza. Y ahí podemos tener un grave problema si no lo dejamos todo bien atado.

Y aunque Ruiz asegura que todo se hizo correctamente y es del todo improbable que puedan surgir contratiempos, ambos sabemos que el tiempo es experto en procurar traiciones.

Pero como yo ya me dirigí a él hace unos días, creo sinceramente que lo más acertado, dada la importancia del asunto, es que seas tú quien contacte con Zapatero en esta ocasión para exponerle el tema de las fosas y de todo lo que contienen.

En este caso creo que hacer prevalecer tu rango en la interlocución es lo más acertado.

Sé que si Zapatero mueve los hilos el tema jamás verá la luz.

Dile a Ruiz lo que piensas y devuélveme la nota, por favor.

El “Expediente Royuela” incorpora una buena colección de misivas. En una de ellas queda diáfanamente claro la enorme preocupación y el empeño que tendría Mena por conseguir las complicidad, protección y colaboración del entonces mandamás del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo silencio le involucraría directamente en los crímenes de Mena. El ex-presidente del gobierno deberá aclarar tan preocupante asunto.

En las cartas manuscritas del mentado ex fiscal aparece señalado el tristemente famoso sargento de la G.C. de apellido Ruíz, el que “prestaba servicios” en la unidad de policía judicial adscrita a la fiscalía de Cataluña recibiendo instrucciones directas de un tal Varela.

Relata la denuncia de ACODAP que Mena estaría buscando un “blindaje personal” ante su inminente jubilación capaz de eliminar cualquier riesgo que pudiera surgir por dejar cabos sueltos. Para ello habría sido elaborado un plan destinado a “eliminar a 150 colaboradores” (así llaman a los sicarios) en el plazo de dos años.

La documentación menciona el alquiler de una casa y la «eliminación» de 52 sujetos entre junio de 2004 y julio de 2005. Los colaboradores dados de baja supuestamente habrían sido “instalados como inquilinos” (enterrados) en determinada zona de Vinaroz. Menciona igualmente la denuncia que Mena, Ruíz y Varela intercambiaban abundante información sobre el desarrollo de los luctuosos acontecimientos.

Por todo esto y mucho más, al tener conocimiento de las comprometedoras cartas en las que aparecen reseñadas tres localidades donde se afirma existen fosas comunes, a ACODAP no quedó otra opción que denunciar públicamente y ante las autoridades tan graves asuntos. No siendo Zapatero ya aforado, y dada la gravedad de las pruebas manuscritas, las denuncias de la Asociación obligan a la Justicia a investigar, comenzando por localizar las fosas de Vinaroz.

Lo dicho, no queda otra opción que investigar las denuncias a fondo, a la luz de lo que ordena la Directiva UE 2019/1937 sobre informantes de infracciones del Derecho de la Unión. Ahora la Guardia Civil toma el testigo para proseguir con las investigaciones que comenzase con gran esfuerzo y dedicación Alberto Royuela.

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