Los responsables y artífices del complot serían Fernando De Rosa Torner, entonces vicepresidente del CGPJ y ahora Senador por el PP, los vocales Margarita Robles y Manuel Almenar, así como el secretario del organismo en esos momentos, Celso Rodríguez Padrón.

El Tribunal Supremo preparaba entonces la sentencia definitiva del caso Noos. Coincidía con que a escasos días se celebraría la vista en la que las partes expondrían sus argumentos. Fue en ese momento cuando sobrevolaba la amenaza de una nulidad de actuaciones que afloraría en uno de los múltiples juicios de su matriz, el caso Palma Arena.

Se acababa de descubrir un escándalo mayúsculo que pasó casi inadvertido: El perito utilizado por el juez José Castro para investigar las irregularidades del velódromo que construyó el ex presidente balear, el arquitecto Rafael Balaguer, confesaba abiertamente en sede judicial que comenzó a trabajar con el instructor antes incluso de que existiera el caso Noos: «Trabajé con Castro en los prolegómenos de la querella», reconoció. El perito dejo traslucir con meridiana claridad que el procedimiento se puso en marcha ilegalmente antes de que se incoara en el juzgado.

La prueba de esta confesión es el propio interrogatorio al que fue sometido Balaguer por parte de la defensa de Matas. Su importante contenido había pasado inadvertido hasta el momento: El arquitecto admitía abiertamente que trabajó codo con codo con Castro antes de que la Fiscalía Anticorrupción interpusiera la querella por el desfase presupuestario del recinto deportivo, el 26 de agosto de 2008, ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma.

Este procedimiento acabó recayendo en el Juzgado número 3 de Palma de Mallorca, que dirigía Castro, con una velocidad inusitada ¡Sólo un día después! Algo no cuadra, porque un trámite que suele demorarse unos 10 días fue resuelto en 24 horas, acordándose en ese corto espacio de tiempo la incoación de diligencias, varias intervenciones telefónicas y el secreto de las actuaciones.

Balaguer, que curiosamente era el presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Arquitectos de Baleares, se refirió a estos encuentros previos con el juez Castro como «informales», y reconocía además sin ningún pudor que se incorporó al procedimiento del Palma Arena sin que mediara su designación oficial como perito.

«Designación como perito propiamente dicho, no hubo, no firmamos nada por escrito», confesaba el arquitecto ante la incredulidad del tribunal del último juicio del Palma Arena, caso que fue dividido en múltiples piezas separadas.

Pero todavía hay más. Junto a los encuentros previos reconocidos por el propio arquitecto, quedaba acreditado que Balaguer elaboró un primer informe el 4 de agosto del mismo año sobre las supuestas irregularidades en el velódromo Palma Arena, en el que ya se profundizaba en el fondo de un asunto que todavía no estaba siendo investigado judicialmente. Al ser preguntado por este asunto por el letrado de Matas señalaba bajo juramento que lo hizo precisamente por indicación del juez Castro.

La Audiencia vio «criticable» que Balaguer se viera en secreto con el juez

«Me llamaba Castro para asesorarle sobre este tema», remarcó el perito titubeando. «¿Pero cómo es posible que le llamara antes de que existiera la querella y sin haberse incoado el procedimiento?», le inquirió el letrado del ex presidente balear. «Yo supongo que en los prolegómenos de la querella presentada», contestó Balaguer.

«¡Pero si no estaba presentada la querella!», le insistió el abogado de Matas, que le solicitó a renglón seguido: «¿De estas reuniones se levantaba acta?». «No. Eran informales. Normalmente estaba el señor Pedro Horrach (ex fiscal Anticorrupción) y el señor Castro».

Otro elemento más que acreditaría que las pesquisas comenzaron con antelación

La Federación Española de Ciclismo contestó a Balaguer el 22 de julio de 2008 un requerimiento que le había realizado solicitando información. Una vez más, sin que hubiera nacido el procedimiento judicial, sin haber sido nombrado en consecuencia como perito, y, porque se lo indicó así el juez Castro, reiteró Balaguer.

Asimismo, le mandó un informe el 16 de octubre de 2008, cuando la causa estaba bajo secreto y Balaguer teóricamente no podía saber que Castro era el juez al que le había correspondido el caso.

No obstante, se atribuye unilateralmente dicha condición y aludió a una «reunión mantenida» con el juez el «9 de agosto». O lo que es lo mismo, varias semanas antes de que existiera la causa como tal.

Esta cuestión ya fue planteada por la defensa de Matas mediante una cuestión previa en el juicio del Velódromo, solicitando la nulidad de las actuaciones derivadas del caso Palma Arena por supuestamente haberse vulnerado el artículo 24 de la Constitución. Es decir, el que contempla el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Esta cuestión, pese a ser tildada de «relevante» por el tribunal, fue descartada en la sentencia del último juicio del Palma Arena, no aceptándose como causa para la nulidad de la última pieza juzgada. No obstante, el tribunal admitió como «criticables» las reuniones entre Castro y Balaguer.

La abdicación de Juan Carlos I pudo deberse a un complot organizado por el Poder Judicial

Hay que tener en cuenta que el caso Palma Arena fue el prolegómeno del caso Noos, que acabaría metiendo entre rejas a Iñaki Urdangarín y que años después forzaría la abdicación del propio rey Juan Carlos.

Ante la sospecha de que el juez Castro fuera elegido de propósito y designado de manera irregular para asegurar el procesamiento de miembros de la familia real, ACODAP, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública liderada por el juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, denuncia públicamente que pudo haber una manipulación del reparto de los asuntos en el decanato de los juzgados de Palma de Mallorca, a favor del juez Castro; y que en cualquier caso estos hechos podrían ser constitutivos de dos delitos de nombramiento ilegal para cargo público (el del propio juez Castro y el del perito Balaguer, nombrado por aquél) castigados ambos en el artículo 405 del Código Penal, de los que considera también responsables a quienes en esos momentos se preparaban para tomar posesión como altos dignatarios del CGPJ:  El  que sería poco después vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, y ahora Senador por el PP,  Fernando De Rosa Torner, los vocales Margarita Robles y Manuel Almenar, y el Secretario del organismo por aquel entonces, Celso Rodríguez Padrón.