El TC se pone de lado buscando cómo salvar al magistrado del Supremo Pablo Llarena, sobre el que pesa una denuncia formulada por ACODAP por el presunto delito de detenciones ilegales.
Un día después de que Italia decidiera suspender el proceso de extradición de Puigdemont, el Tribunal Constitucional anunciaba, en una nota de prensa de fecha 5 de octubre, que había decidido “por unanimidad” desestimar la solicitud de las medidas cautelares que habían interesado los políticos catalanes, esta vez ante el Tribunal de Garantías español.
La excusa para no suspender en este caso la vigencia de las órdenes de detención, a pesar de que el Tribunal italiano había decidido todo lo contrario,
“se basa en una consolidada doctrina constitucional, que niega la suspensión cautelar en el procedimiento de amparo de las medidas provisionales privativas de libertad o que puedan tener un impacto en el derecho a la libertad personal. El Tribunal sostiene que suspender en la pieza de cautelares del recurso de amparo una medida cautelar, adoptada por un órgano de la jurisdicción ordinaria y que conforma el objeto principal de ese recurso de amparo, supone una resolución anticipada del fondo del recurso”,
según indican en la referida nota de prensa emitida por el Tribunal español.
Sin embargo, la asociación contra la corrupción liderada por el Juez Fernando Presencia (ACODAP) considera que se trata de una decisión cosmética, y que el TC se ha puesto de lado con la exclusiva intención de proteger al magistrado del Supremo (Pablo Llarena), el jurista puesto en evidencia por la justicia italiana, y sobre el que pesa una denuncia por un presunto delito de detenciones ilegales al haber ordenado la reactivación las órdenes europeas de detención, en una clara confrontación con el criterio mantenido por el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE).
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