El fondo buitre Gescobro Collection Services S.L habría organizado una presunta trama para alterar el precio de las subastas públicas en los juzgados de toda España. ACODAP ha presentado hoy mismo la correspondiente denuncia en el juzgado de guardia.

La asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública, ACODAP, liderada por el juez Fernando Presencia ha detectado las actividades presuntamente fraudulentas de lo que sería una banda organizada dedicada a la comisión en masa del delito de “alteración del precio de las subastas públicas”. La organización estaría operando en juzgados de toda España.

En el escrito de denuncia se apunta principalmente al

“fondo buitre Gescobro Collection Services S.L., que habría financiado la creación de un grupo empresarial dedicado a amañar y reventar los precios de las subastas públicas en juzgados de todo el territorio nacional”,

sostiene la asociación denunciante de corrupción,

El modus operandi se podría resumir así: Una empresa matriz, en este caso el fondo buitre, crearía una serie de filiales que participarían en los procedimientos de subastas simultáneamente como mercantil ejecutante y también como adjudicataria. Con lo cual “todo queda en casa.”

La ejecutante, que en el caso concreto del amaño que afecta al juez Presencia se llama Zeus Portfolio Investment 1 S.L.U., habría “adquirido” el crédito hipotecario que pesaba sobre su vivienda a un precio “ganga”, inferior al 25% del importe total de la hipoteca (posiblemente titulizada), que era ostentada por Caixabank, siendo el magistrado Fernando Presencia el inquilino de la vivienda y estando al corriente del pago de la renta.

La nueva “titular” de la hipoteca pidió entonces la subasta de la vivienda colocando en la puja a una filial suya, llamada Zeus Real State Investment 1 S.L.U., dispuesta a “reventar” la subasta lanzando una oferta siempre por encima de cualquier otro postor que apareciera interesado por el inmueble.

De esta forma -según la denuncia- se creó el entramado del “crimen perfecto”, donde las mercantiles que figuraban como ejecutante y adjudicataria en la subasta actuaron de facto como una sola persona jurídica, bajo el principio de “caja única”. Esto significa que el pago del precio del remate sería una operación cosmética y puramente contable:

“El importe saldría de la caja de la ejecutante y se entregaría a la adjudicataria para el pago del remate en el juzgado, quien a su vez devolvería esa misma cantidad a la propia ejecutante”,

asevera la asociación denunciante de corrupción.

Según el juez Presencia:

“Esto supondría que el pago del remate en este caso se convertiría en algo puramente ficticio, y que lo que de verdad se estaría cometiendo es un presunto delito de alteración de los precios en las subastas públicas, tipificado en el artículo 263 del Código Penal”.

Con esta forma de proceder

“se trataría de alejar a los demás postores mediante el artificio que suponía que al final fuera el mismo ejecutante quien participara en la subasta, puesto que él estaba dispuesto en todo momento a subir las posturas de manera constante, hasta conseguir reventarlas”.

Hay que tener en cuenta que lo que le interesa a los fondos buitre en cualquier caso (que no hay que olvidar que están consiguiendo las hipotecas a precios de ganga) no es tanto quedarse con el precio del remate, sino quedarse ellos mismos con el propio inmueble subastado, lo que está absolutamente prohibido por nuestro Derecho, si no es cumpliendo con una serie de requisitos mínimos y garantías que, por supuesto, en ningún caso aquí se cumplen.

Como concluye la asociación denunciante de corrupción

«por mor de las subastas electrónicas, en España se ha pasado de los delitos cometidos antes por los cuervos a los llevados ahora a cabo por los buitres”.

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