En un comunicado de prensa hecho público hoy, el juez Fernando Presencia da cuenta de la denuncia que presenta ante el Juzgado de Guardia de Madrid contra el presidente en funciones del Tribunal Supremo, Marín Castán, por presuntamente haber falsificado una resolución de la Sala del 61 de ese alto tribunal. Se trataría del auto de fecha 1 de julio de 2024, supuestamente dictado en las actuaciones que se dice estarían tramitándose como causa especial A-61/14/2023, en el que se habría acordado, según el propio documento, una multa de 4.000 euros contra el colaborador del juez Presencia que denunció las cuentas en paraísos fiscales del magistrado Manuel Marchena.

Como indica la nota de prensa, lo primero que llama la atención de esa multa es que la Sala del 61 no puede entrar en funcionamiento porque no tiene aprobados, y por tanto no tiene publicadas en el B.O.E. sus Normas de Reparto.

De otro lado, sigue diciendo la nota, después de la entrada en vigor de la Ley de Transposición de la Directiva UE de protección de denunciantes de corrupción (que se produjo el 23 de marzo del 2023), los tribunales ya no pueden sancionar, ni siquiera con multas, las supuestas faltas de verosimilitud de las denuncias de corrupción.

Esa competencia la tiene atribuida ahora un órgano administrativo creado por la propia Ley 2/2023, de 20 de febrero, identificado como Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I).

De esta forma, sigue diciendo el comunicado, porque más de la mitad de los magistrados llamados a constituir la Sala del 61, aunque aparecen identificados nominalmente, no quisieron firmar esa multa.

Solo lo hicieron 6 de los 12 magistrados (entre ellos el presidente en funciones del Tribunal Supremo, Marín Castán), y de estos 6, tres magistrados han sido denunciados por el juez Presencia por tener también cuentas en paraísos fiscales.

Se trataría de:

Pablo Lucas Murillo de la Cueva.

Clara Martínez de Careaga.

García y Andrés Martínez Arrieta.

Enrique Lucas Murillo de la Cueva aparece como beneficiario de 15 depósitos de 200.000€ cada uno (por un importe total de 3.000.000€) en el BANQUE BCP DE LUXEMBURGO.

Clara Martínez de Careaga García aparece como beneficiaria de 10 depósitos de 125.000$ cada uno (por un importe total de 1.250.000$) en el BLADEX DE PANAMÁ.

Andrés Martínez Arrieta (2.000.000€) en 8 depósitos de 250.000€ cada uno, ingresados en la entidad ISLE OF MAN BANK en febrero de 2020.

A partir de este punto, se entiende que el secretario de Gobierno del Tribunal Supremo tampoco quisiera firmar el auto, por lo que la multa devendría nula, lo que evidencia igualmente que la propia resolución, que acuerda la multa, pudiera ser falsa.