Presencia ha hecho un llamamiento urgente para la reforma del sistema judicial español, destacando la necesidad de implementar una autoridad independiente dentro del Poder Judicial y solicitando la inhabilitación del magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Presencia ha expuesto una serie de acusaciones graves y ha denunciado irregularidades que subrayan la urgencia de estas reformas.

El juez Presencia ha revelado que Manuel Marchena y sus hijos tienen depósitos millonarios en el Banco BGL de Luxemburgo, que suman un total de 10.000.000 de euros, distribuidos de la siguiente manera:

1. Manuel Marchena Gómez: 5.000.000 de euros en 100 depósitos de 50.000 euros cada uno.

2. Manuel Marchena Perea (hijo): 2.500.000 de euros en 50 depósitos de 50.000 euros cada uno.

3. Sofía Marchena Perea (hija): 2.500.000 de euros en 50 depósitos de 50.000 euros cada uno.

Además, Fernando Presencia ha acusado a Marchena de haber ordenado su ingreso en prisión a sabiendas de que los hechos por los que se le procesaba habían dejado de ser delito debido a la entrada en vigor de la Ley 2/2023. Esta ley despenalizó los delitos de calumnias y denuncias falsas, anteriormente regulados en los artículos 205 y 456 del Código Penal, transformándolos en infracciones administrativas según el artículo 63.1.f de la Ley 2/2023, en vigor desde el 20 de marzo de 2023. Según el artículo 38.5 de la misma ley, todos los procedimientos judiciales relacionados con estos delitos deben ser archivados.

Presencia sostiene que la decisión de Marchena de proceder con la prisión, a pesar de estos cambios legislativos, constituye una persecución personal y una utilización indebida del sistema judicial para fines que no corresponden a una administración justa. El juez ha hecho un llamado a una revisión exhaustiva del funcionamiento interno del Poder Judicial y a las autoridades competentes a actuar con diligencia para garantizar una justicia verdaderamente independiente y equitativa.