Se veía venir la fantasmada. Poco tardó Vega en pergeñar su venganza por haber sido “pregonado” en la prensa nacional por una de sus trapisondas. El Juez Decano de Valladolid fue denunciado por ACODAP en base a un presunto delito de prevaricación, como consecuencia de las relaciones de amistad que profesa, y que van más allá del estrado de su Juzgado de Violencia, con el Alcalde de Valladolid y sus “círculos de influencia.”

ACODAP, la “Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública” liderada por el juez Fernando Presencia, formula nueva denuncia ante el juzgado de guardia tras recibir unos reveladores audios que evidencian cómo el Juez Decano estaba en armonioso concierto con la abogada Dulce Sanz, letrada de un despacho muy conocido en Valladolid.

El servicial juez Decano aparece en las grabaciones, sin lugar a dudas, como plenamente conocedor de las pruebas que solicitará la parte contraria, sin haber existido posibilidad legal ni cauce procesal por el que el dicho juez pudiera ser conocedor de esos hechos. Queda pues patente que existió una “vista privada” para fijar una estrategia previamente concertada. Este grave hecho convirtió la vista en un mero “teatrillo” donde todo estaba ya amañado.

Previamente, el juez Decano se había saltado los procedimientos, rechazando por su cuenta y riesgo tramitar la recusación contra él mismo. Esa recusación fue precisamente presentada por el conocimiento público, notorio y manifiesto que se tiene de su amistad con “la otra parte”, como indudablemente vienen a acreditar los audios.

La situación se complica y va mucho más allá. El descompuesto juez optó por represaliar al letrado y a su cliente por el hecho de advertir de esta amistad manifiesta. Les achaca, el Decano, gratuitamente mala fe y, por si eso fuera poco, acuerda una prueba que viola el derecho a la intimidad del represaliado.

Pero hay otra sorprendente actuación del Sr. Vega que lo agrava todo mucho más: Saltándose alegremente la larga lista de espera existente para obtener una fecha de fijación para el gabinete psicosocial, el jurista malabarista obtiene un informe en tan solo nueve días. Normalmente el plazo medio de espera para el resto de los justiciables es de cuatro meses, según el mismo informa en la Sala mientras se vanagloria de haber conseguido una cita “record” en nueve días.

Poco imparcial y serio parece cuanto está haciendo el juez Decano de Valladolid para echar una manita a los amiguetes.