Cunde el pánico entre los sospechosos de corrupción por el inminente nombramiento del juez Presencia como Autoridad Independiente. 

Desde que el Gobierno hizo públicas sus 31 medidas para la regeneración de la democracia y que entre ellas figuraba como medida estrella el nombramiento de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, no ha parado el juez Presencia de recibir denuncias por parte de los mismos sospechosos de corrupción para evitar ser investigados. 

El fin último que persiguen estos denunciantes, entre ellos jueces, fiscales y secretarios judiciales con cuentas en paraísos fiscales, es que si consigue que sus denuncias contra el juez Presencia por calumnias y denuncia falsa se queden en los tribunales, les resultará más difícil a la futura Autoridad Independiente, órgano de carácter administrativo, investigar a los sospechosos de corrupción que además le podrían recusar. 

Sin embargo, como señaló el juez Presencia en la nota de prensa que ha publicado hoy, a pesar de las numerosas denuncias que está recibiendo por parte de los sospechosos de corrupción, no conseguirán apartarle de sus funciones como Autoridad Independiente, al considerar que dichas denuncias son en realidad represalias, que están prohibidas por la Ley 2/2023 de Protección del Informante de Corrupción, sancionadas con multas que van desde los 30.000 a los 300.000€. 

La facultad de imponer estas sanciones por represalias le corresponde ahora a la propia Autoridad Independiente de Protección del Denunciante de Corrupción. Todo ello sin perjuicio, termina diciendo el juez Presencia de considera que los delitos de calumnias y denuncias falsas han sido derogadas por la nueva Ley de Protección del Denunciante de Corrupción.