ACODAP denuncia a una banda criminal dedicada a “amañar” (presuntamente) procedimientos arbitrales. Los apaños se organizarían desde el Colegio de Abogados de Madrid, a través de su Corte de Arbitraje.

ACODAP, la “Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública” liderada por Fernando Presencia, ex juez decano de Talavera de la Reina, ha denunciado ante la Policía Nacional una banda dedicada supuestamente a “amañar” procedimientos arbitrales. El ICAM, Colegio de Abogados de Madrid y su Corte de Arbitraje, sería el kernel (centro) desde el que se organizarían los fraudes. En la inmensa trama denunciada estarían, presuntamente de momento y a pesar del convencimiento, involucrados ex jueces, catedráticos, abogados y peritos.

Los miembros del tribunal arbitral que han sido denunciados son: Ramón Rodríguez Arribas, Enrique Arnaldo Alcubilla y Juan Butragueño Rodríguez-Borlado. El escrito también se dirige contra el perito designado por la Corte de Arbitraje, Francisco López Álvarez, y contra el catedrático Nicolás González-Cuéllar Serrano.

Ricardo Villalba, asociado de ACODAP y perjudicado por la trama, lanza la voz de alarma tras haber conseguido un informe pericial donde se describen supuestos hechos delictivos llevados a cabo bajo la inequívoca sospecha de ser motivados por sobornos. El citado documento pone en evidencia que “el tribunal arbitral habría falseado algunas de sus propias resoluciones así como documentos periciales, todo ello con la finalidad exclusiva de beneficiar a una de las partes en litigio”. La denuncia aporta también como prueba de cargo una grabación de los supuestos beneficiarios de esos delitos.

La denuncia se fundamenta en el fraude de las subvenciones concedidas por las Comunidades Autónomas destinadas al reciclado de chatarra y el blanqueo de capitales procedente de esas subvenciones.

No es la primera vez que se asocia el fraude fiscal a las empresas dedicadas a la chatarra. Ya en el año 2000, Hacienda investigaba una estrategia fraudulenta ligada al sector del reciclaje. Estaba basada en el principio de una “corta vida y sin pagar impuestos”. Esas empresas se creaban y se liquidaban en un sólo año (vida corta)  utilizando testaferros como tapadera. Según la prensa de la época “tiraban de jubilados con escasos recursos económicos e incluso algún drogadicto para que figurasen como hombres de paja”. La misma estrategia se encontraron los inspectores de Hacienda en varias de las firmas que investigaron en aquellos años.

Una década después, poco ha cambiado la cosa cuando se trata de defraudar al fisco camuflando operaciones tras el reciclado de la chatarra y los neumáticos. Es el caso de la multinacional RMD, también denunciada por ACODAP como supuesta beneficiaria de los delitos imputados en este caso al tribunal arbitral, organizado por la Corte de Arbitraje del Colegio de Abogados de Madrid.

Esta sociedad anónima que cuenta en España con sedes dedicadas a la chatarra en León y Sevilla, se ha visto envuelta en diversos escándalos como el famoso incendio de neumáticos de León en el año 2015, o la “Operación Cobre” ,en la que se incautaron por la policía cientos de Toneladas de Cobre Robado en sus instalaciones de Aznalcollar (Sevilla).

Sobre el primero de estos dos asuntos, la Audiencia Provincial ya se ha pronunciado, indicando que «según Naciones Unidas, en la práctica totalidad de incendios de depósitos de neumáticos se tiene la certeza o la sospecha de que han sido provocados. Ello guarda relación con el hecho incontestable de que estas empresas cobran por gestionar unos residuos que, con ocasión del incendio desaparecen sin necesidad de ser tratados, por lo que resultan claramente beneficiadas.» Añade la Sala que RMD había recibido del seguro un millón de euros, por el siniestro.

ACODAP, la asociación líder en las denuncias contra la corrupción, se hace eco también de las investigaciones que vinculaban a la multinacional del reciclaje de la chatarra con la trama “Púnica”, investigada por el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, quien era al mismo tiempo el juez instructor del caso “Lezo”.

Las famosas “grabaciones de la operación Lezo” desvelaban que Ignacio González, el ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid y procesado en esa trama, mantendría “casualmente” conversaciones telefónicas abundantes y frecuentes con uno de los ahora denunciados, Enrique Arnaldo, sobre cómo elegir jueces y fiscales a la carta: «Que siga Catalá (entonces Ministro de Justicia del PP) es una garantía», o que «esa operación está preparada» y que es «una garantía que siga Rafael (Catalá), porque ya se lo conoce», son frases entresacadas de las golosas grabaciones.

Esta fama bien merecida de Enrique Arnaldo como “conseguidor” es la que, según ACODAP, habría trasladado al tribunal arbitral organizado la Corte de Arbitraje del Colegio de Abogados de Madrid. En el caso ahora denunciado se trataba presuntamente de eliminar cualquier atisbo de responsabilidad de la multinacional de la chatarra, RMD (Recuperación Materiales Diversos, S.A.), en la trama conocida como “el tocomocho de las subvenciones”.

De acuerdo con la denuncia, la multinacional habría conseguido años antes, de manera ilegal, subvenciones de la Junta de Andalucía por importe de varios millones de euros. Para tratar de eludir las posibles responsabilidades penales, creaban ficticiamente un “escenario” que simulaba una situación de fuerza mayor que frustraría cualquier posibilidad de utilizar esas subvenciones para la actividad mercantil. Todo el dineral limpito para el bolso, pues.

Entonces localizaron a los incautos (el primo o primavera, en jerga rateril) que serían utilizados para materializar el “tocomocho”. La elección (o maldición) recayó sobre la mercantil Recinver, S.L., a la que convencieron en 2007 para crear a medias una nueva mercantil MFR (Metal Fragmentado Reciclado). Esa sociedad era la que se suponía recibiría finalmente las subvenciones para ejecutar el proyecto. Pero que no pudo hacerlo, porque poco más de un año después, por sorpresa, RMD solicitó el concurso voluntario de acreedores (la quiebra) y dejó de entregar las subvenciones. De este modo frustraron “intencionadamente” la continuación de la actividad de MFR, al tiempo que forzaban a que la nueva empresa entrara obligatoriamente en liquidación. Sencillamente maquiavélico.

A partir de ese momento es cuando, prosigue la denuncia, entraría en escena el “conseguidor”, Enrique Arnaldo, designado como árbitro elegido por la multinacional, el que supuestamente se encargaría de “amañar” el procedimiento arbitral subsiguiente. De este modo Arnaldo podía designar libremente, eligiendo entre sus amistades, a quienes debían presidirlo e incluso a los peritos de parte. De hecho, como también señala ACODAP, “las irregularidades y compadreos han sido una constante”. Así de simple será el “amaño”, todo arreglado para conseguir que el laudo elaborado por los árbitros contemplase la supuesta “fuerza mayor” sin lugar a la menor de las dudas.

Un informe técnico al que ha tenido acceso ACODAP revelaría que las resoluciones del tribunal arbitral eran confeccionadas por los despachos particulares de los propios árbitros o de personas vinculadas a ellos, a pesar de que la Corte Arbitral de Madrid dispone de sede y medios propios para llevarlas a cabo.

Pero lo más grave de todo, según la asociación denunciante, es el descubrimiento de dos documentos del procedimiento arbitral que de forma palmaria “habrían sido manipulados en su contenido”. Uno de esos documentos alterados es una resolución del propio tribunal donde se habría manipulado la fecha: “El informe técnico acredita que esa resolución se confeccionó tres días después del que consta oficialmente en la propia resolución. La decisión se antedató para impedir la recusación de los miembros del propio tribunal”, extremo que también figura en la denuncia.

Otro documento manipulado es un informe de uno de los peritos designados por el tribunal, que en realidad habría sido confeccionado por distinta persona, el también denunciado Nicolás González-Cuéllar Serrano.

La gravedad y trascendencia de los hechos denunciados se comprende conociendo la amistad que une a González-Cuéllar con Enrique Arnaldo, añadiéndose que ambos son actualmente las promesas del PP para cubrir las vacantes para magistrados del Tribunal Constitucional.