Ha sido el juzgado de 1ª instancia e instrucción nº 6 de Talavera de la Reina el que ha decidido inhibirse de oficio a favor de la Sala 2ª del Tribunal Supremo para el conocimiento de las actuaciones

María Rosa Turnes de la Infanta, así se llama la secretaria, se dio a conocer para el gran público cuando se supo que tenía encerrada a su madre nonagenaria durante años en una vivienda “porque era de renta antigua”. Este es el perfil del personaje.

El pastel se descubrió cuando acudieron los bomberos y la policía nacional tras el desplome de una cornisa del edificio sobre un vehículo aparcado en plena calle. El percance, que no produjo heridos, se debió a la antigüedad y mal estado de las instalaciones que “la Mala Bestia” se negó a que se repararan.

El progresivo supuesto deterioro de la salud mental de la polémica secretaria del juzgado nº 4 de Talavera de la Reina, María Rosa Turnes de la Infanta es nuevamente motivo de gran preocupación.

Hace unos meses pudo ocurrir una grave tragedia cuando la cornisa de un edificio se dejó caer a plomo sobre un vehículo que se hallaba aparcado en la calle. Los cascotes provenían del edificio donde viven juntas la secretaria judicial y su madre, en la céntrica calle Banderas De Castilla de la Ciudad de la Cerámica.

Bomberos y Policía Nacional se encontraron con un panorama desolador cuando llegaron a la vivienda: Una anciana que vivía completamente enclaustrada en su propia casa desde hacía innumerable cantidad de años, en una vivienda ubicada en una cuarta planta “sin ascensor”. La única explicación que ofreció su hija a los impresionados y atónitos agentes actuantes fue que la vivienda era alquilada y de renta antigua, razón de peso por la que no tenían intención de abandonarla. Los bomberos al parecer dieron parte a Bienestar Social, como es su obligación.

ACODAP, la asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública liderada por el juez Fernando Presencia, tuvo noticia de este sorprendente suceso a través de una denuncia anónima recibida en el “Buzón de denuncias” que aclara que los propietarios del edificio, al parecer, habrían intentado sin éxito llevar a cabo las obras necesarias para la reparación y acondicionamiento de los elementos comunes.

No es la primera vez que es denunciada Rosa Turnes por hacer lo que le da la gana sin importarle lo que digan las leyes. Esta discutida secretaria judicial ha sido también denunciada por el propio Fernando Presencia en base a los supuestos delitos de prevaricación administrativa, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad documental.

Esta denuncia es la que acaba de ser admitida a trámite por el juzgado de instrucción nº 31 de Madrid, que ha abierto las diligencias penales 422/2022-D y que el juzgado de 1ª instancia e instrucción nº 6 de Talavera de la Reina ha decidido de oficio inhibirse a favor de la Sala 2ª del Tribunal Supremo.

En ella, ACODAP denunciaba que Vicente Rouco (el presidente del TSJCLM) pretende el lanzamiento ilegal del periodista de la asociación denunciante de corrupción, Alex Diges, para arrebatarle su domicilio, como nueva y grave represalia contra él, al tiempo que intenta lo mismo contra el presidente de la conocida asociación anticorrupción, el juez Presencia, a pesar de que conviven con él y su mujer cuatro hijos menores de cinco años.

El desahucio ilegal contra el periodista de ACODAP

Álex Diges denunció una grave estafa en la venta de su vivienda, inmueble que fue levantado en un monte consorciado hasta 2068, que fue previamente deforestado por las buenas por Luís Padrino, el alcalde de Almoguera, sin advertirlo a los compradores en la notaría ni reflejarlo en el registro.

Según la denuncia, Rouco se habría confabulado con los juzgados de Guadalajara, saltándose toda legalidad vigente amañando procedimientos judiciales (simulación procesal) con el fin de dar rienda suelta a su demostrado comportamiento psicopático. Sus secuaces amañaron todo lo amañable para que Caixabank vendiese un activo ajeno -una propiedad que nunca les perteneció- a un fondo buitre de su entorno buscando crear caos, engaño y confusión.

Desde hace tiempo los del Caixabank envían a sujetos que se hacen pasar por “empleados del juzgado” con objetivo de coaccionar al periodista y soliviantar al vecindario, intentado coaccionarle para que abandone forzadamente su vivienda (que es de su exclusiva propiedad según el art.1306, 2ª CC). En acosos previos uno de los fulanos no tuvo el menor empacho en dejar sus datos con un papelito fotocopiado colgado en la puerta de la vivienda:

Tessi diagonal

Avda. De los Rosales, 42 –puerta 2, plta 1ª

28001 Madrid

Telf.: 915.479.244 ext 52283.

Movil 678 06 06 15

Los perversos extorsionadores acuden con frecuencia a sabiendas de que la sentencia que ordena el desalojo es ilegal y constitutiva de un presunto delito de prevaricación. La esposa de Alex Diges vive y está empadronada en el mismo domicilio. Nunca fue parte en el procedimiento y por tanto no fue condenada a ningún desalojo.

El desahucio ilegal contra la familia del Juez Presencia

Por otro lado, “la Mala Bestia” ocultó inexplicablemente (o explicablemente) en un procedimiento hipotecario que la vivienda subastada por otro fondo buitre estaba alquilada por la familia del juez Presencia desde el año 2013. Lo hizo alterando maliciosamente los datos que figuraban en los edictos de la subasta.

Se refiere en concreto la denuncia a los datos relativos a la “situación posesoria” del inmueble, que en la convocatoria se indicaba que “No consta”, cuando es lo cierto que al juzgado sí que le constaba que el inmueble de referencia es la vivienda del juez Presencia y de su familia, y así resultaba de la documentación obtenida en el procedimiento tramitado por ese mismo juzgado como LEI 30/2018, en el que el magistrado Presencia figuraba como denunciante, y que para notificarle la convocatoria a juicio se le practicó una “exhaustiva investigación” para la averiguación de su domicilio.

Al final, todo ello como parte de una pretensión diabólica para intentar lanzar a la calle, en plena época de Pandemia y de crisis sanitaria, como maléfica represalia a cuatro niños menores de seis años.

Rosa Turnes De La Infanta estuvo destinada como Secretaria en el Servicio de Inspección del CGPJ durante casi ocho años. De ahí la ojeriza y las represalias contra el juez Presencia, cuando ella volvió a su destino como Letrada de la Admon. de justicia (LAJ) en el juzgado Mixto número cuatro de Talavera de la Reina, que es el que conoce ahora de la subasta de marras.

Rosa Turnes ha llegado al despropósito de acordar por su cuenta y riesgo, en un alarde de desatada prevaricación, el desalojo del juez Presencia de su vivienda pretextando el cumplimiento de una supuesta orden judicial de desalojo, que sin embargo NO EXISTE.

ACODAP se ha empeñado en denunciar y detener estas dos locuras impulsadas por un maniaco que necesita de la complicidad de los jueces y magistrados destinados en Castilla La Mancha. Por esa razón, la asociación dirigida por el Magistrado Fernando Presencia apela a sus compañeros de carrera para que no se dejen intimidar, y no se conviertan en cómplices de un personaje psicópata que está abusando de manera delictiva de su condición de presidente todavía en funciones, y que además no desdeña en utilizar como meros instrumentos de sus locuras a los titulares de los distintos órganos judiciales de su territorio, sin importarle que éstos puedan perder sus trabajos o que incluso puedan comprometer sus propias vidas y las de sus familiares.

La asociación denunciante recuerda que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, acuciado por su propia corrupción, ha decido en esta cuestión dar la callada por respuesta, manteniendo en funciones a un psicópata como presidente de un Tribunal Superior de Justicia.

Desde esta angustiosa situación, el juez Presencia hace un llamamiento a sus compañeros de carrera para que desde sus juzgados se conviertan, ellos mismos, en denunciantes de corrupción, y apliquen con mano firme frente a las represalias la Directiva UE 2019/1937 de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.