El juez Fernando Presencia reclama la creación urgente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que se aprobó en el consejo de ministros.

Presencia ha intensificado su petición en las últimas semanas para la pronta implementación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, contemplada en el Plan de Acción por la Democracia del Gobierno. Presencia insiste en que esta figura debe ser completamente independiente, sin la intervención del Ministerio de Justicia ni ningún otro poder del Estado, para garantizar su veracidad y autonomía en la investigación de bulos, calumnias y denuncias falsas.

El juez subraya que, para que esta autoridad funcione de manera efectiva, debe estar desligada del control político o gubernamental. Según su propuesta, la independencia de esta entidad es esencial para evitar cualquier tipo de interferencia externa que pueda comprometer la objetividad de las investigaciones. El propósito de esta autoridad sería doble: por un lado, proteger al denunciante de corrupción de represalias y garantizar su confidencialidad; por otro, verificar e investigar la veracidad de las denuncias antes de que lleguen a los medios de comunicación o al sistema judicial.

De otra parte, y quizás sería lo más importante según sus subraya el juez Fernando Presencia, la puesta en funcionamiento de la Autoridad Independiente de Protección del Denunciante de Corrupción implicaría de suyo la derogación inmediata de los delitos de difamación.

Esto es, las calumnias y las denuncias falsas dejarían de ser investigadas por los jueces para pasar a ser competencia de este órgano administrativo que estaría facultado para investigar la veracidad de la información e incluso para imponer sanciones si la información es falsa.

Presencia critica la situación actual, donde los medios de comunicación a menudo validan denuncias sin investigación previa, lo que resulta en un perjuicio para las personas involucradas y para el propio sistema de justicia. La creación de esta autoridad independiente evitaría que las denuncias infundadas lleguen a ser tratadas como hechos ciertos, previniendo daños irreparables tanto a la reputación de los afectados como a la confianza pública en las instituciones.

Además, el juez subraya que la independencia de esta autoridad no solo garantizaría imparcialidad en las investigaciones, sino que también permitiría un tratamiento justo de todas las denuncias, sin influencia política o mediática.

Conclusión: La propuesta de Fernando Presencia pone de relieve la necesidad de un organismo autónomo que pueda actuar como filtro de denuncias y bulos, garantizando la protección del denunciante y la veracidad de la información. Este organismo, según Presencia, debe operar sin la intervención del Ministerio de Justicia y estar totalmente separado de los poderes del Estado para asegurar que su labor sea imparcial, justa y veraz.