El propio magistrado Fernando Presencia fue detenido en plena calle, trasladado en un vehículo policial, conducido a comisaría y, una vez allí fichado –con la consiguiente toma de huellas, medición de altura y fotografías de frente y perfil– solo con la excusa de notificarle una sentencia.

La orden de detención del juez Presencia, «totalmente irregular e ilegal», fue dictada por la titular del Juzgado de lo Penal 3, con sede en Talavera de la Reina, Marta Vicente de Gregorio.

«El artículo 160 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice con toda claridad que ‘Si por cualquier circunstancia o accidente no se encontrare a las partes al ir a hacerles la notificación de la sentencia, se hará constar por diligencia y bastará en tal caso con la notificación hecha a sus Procuradores’. No era necesario detenerme. Es más que evidente que la magistrada se ha extralimitado en sus poderes. Ha traspasado la raya roja prohibida», afirma Presencia.

El arresto se produjo el 28 de noviembre de 2019 a las 8 de la mañana, cuando salía de su casa para pasear a sus perros antes de llevar a sus hijos al colegio.

“Fue a la altura de uno de los semáforos de la Avenida de la Real Fábrica de la Seda de Talavera, cuando se me acercó un policía de paisano, que me enseñó su placa y me dijo: ‘lo siento Señoría, pero está usted detenido’, momento en el que introdujeron, junto con mis perros, en un vehículo camuflado», explica Presencia.

En la comisaría le permitieron hacer una llamada telefónica a su mujer. Después le bajaron a los sótanos para ficharlo.

«Cuando regresé a la planta baja ya había una abogada del turno de oficio esperándome. Allí me leyeron mis derechos pero me comunicaron que no podían recibirme declaración porque no se me imputaba ningún delito», añade Presencia.

«Según me explicaron, la orden detención había sido librada por el Juzgado de lo Penal con sede en Talavera de la Reina, al parecer para notificarme una sentencia. En ese momento, la abogada del turno de oficio dio un respingo y dijo que ‘era la primera vez que veía que alguien era detenido para notificarle una sentencia’», señaló.

Presencia fue después trasladado a los Juzgados.

«Una vez allí, y al contrario del trato correctísimo que recibí en todo momento por parte de los agentes de policía, sin embargo el trato de los funcionarios del juzgado fue bastante insolente. Me negaron la posibilidad de declarar, y tampoco fui puesto a disposición del juzgado de guardia», relata.

«Todo su empeño, sobre todo por parte de la jueza Marta Vicente de Gregorio y del secretario judicial César Rufo Llorens, era que me diera por notificado una sentencia, pasando por alto el hecho de que para llevar a cabo esa tentativa de notificación se había ordenado la comisión de un delito de detención ilegal».

«La situación llegó a su fin cuando uno de los agentes de policía sugirió la posibilidad de que el juzgado tramitara un habeas corpus. En ese momento, la jueza de lo Penal, visiblemente irritada, ordenó que abandonáramos el Juzgado. Ya en la calle, y después de despedirnos todos cortésmente (los policías y yo), regresé a mi domicilio», indica.

En total, fueron dos horas y media de pesadilla.

La sentencia objeto de comunicación era la de una condena que se le impuso a Presencia por supuestamente calumniar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, que curiosamente fue revocada meses después.

Fernando Presencia no ha dejado que las cosas corrieran. El 1 de diciembre, tres días después, interpuso una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial contra la magistrada De Vicente Gregorio y contra el presidente del TSJCLM, sobre los que solicitó la aplicación del Protocolo de prevención de todas formas de acoso en la carrera judicial, interesando así mismo contra los referidos magistrados la apertura de procedimiento disciplinario formal.

«Mi detención ha sido un acto de represalia prohibido por el protocolo, lo que además, puede constituir un delito detención ilegal», relata.

De la misma forma, interpuso otra denuncia ante la Comisaría de Policía cuatro días después dando cuenta de los mismos hechos para que fueran investigados.

En la denuncia que se presentó en la mañana del 2 de diciembre de 2019 en la Comisaría de Policía de Talavera de la Reina, se decía textualmente lo siguiente:

 “– Que se persona en estas dependencias para denunciar los hechos ocurridos en la fecha y horas arriba descritas.

— Que el dicente desea interponer denuncia en relación con el Atestado 11405/19, de esta comisaría, en el cual consta la detención del compareciente a las 08.20 horas del día 28/11/19, como consecuencia de una RECLAMACION JUDICIAL por el Juzgado de lo Penal N”-3 de Toledo, con sede Judicial en la localidad de Talavera de la Reina.

— Que el compareciente supo después de su detención que se trataba del procedimiento tramitado en ese Juzgado como juicio oral 78/2018, para la notificación de la sentencia recaída en ese procedimiento, todo ello a pesar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su ART.160, prohíbe que para la notificación de las sentencias se utilicen medidas cautelares como la detención o el traslado forzoso a las dependencias policiales. Lo que ya puso el compareciente en conocimiento del Juzgado mediante escrito presentando dos días antes, ante el decanato de los Juzgados, al que se acompañaba igualmente copia de la denuncia presentada por el compareciente ante el Consejo del Poder Judicial contra la titular del Juzgado de lo Penal (Marta De Vicente Gregorio) y contra el presidente del TSJCL (Vicente Rouco Rodríguez), contra quienes además solicitaba la aplicación del protocolo de prevención de todas formas de acoso en la carrera judicial, interesando así mismo contra los referidos magistrados la apertura de procedimiento disciplinario formal.

— Por todo ello considera el compareciente, que la detención ordenada ahora por la titular del juzgado de lo penal, con el conocimiento del TSJCL, son constitutivos de un acto de represalia prohibido por el mencionado protocolo, y que además pueden constituir un delito de detenciones Ilegales.

— Así mismo quiere hacer constar que en ningún momento fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia al objeto de ser oído en declaración, motivo por el cual el compareciente solicitó en las dependencias del juzgado de lo Penal el Habeas Corpus, a sugerencia además de uno de los agentes de policía que asistió a la detención, momento en el que todos los presentes incluidos los policías fueron expulsados del Juzgado, sin que llegara a practicarse la Diligencia de Notificación que al parecer era el objetivo de la detención.

— Por esa razón considera el compareciente que podría ser falso el auto de libertad que ha recibido él mismo a través de su procurador, donde se indica en sus antecedentes que la referida Diligencia de Notificación sí que fue practicada, lo que indica el compareciente que no es cierto.

— Por eso deja interesado que se acompañe copia de lo actuado en el presente atestado, para su remisión al Juzgado de Instrucción de Guardia junto con la presente denuncia”.

El juez Presencia acaba de presentar denuncia contra el ministro de interior, Marlaska, junto con el comisario jefe de la Policía de Talavera de la Reina, José María Delgado, la titular del Juzgado de lo Penal 3, con sede en la Ciudad de la Cerámica, Marta Vicente de Gregorio, el secretario judicial César Rufo Llorens, el fiscal Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, y el presidente en funciones del TSJCLM, Vicente Rouco Rodríguez. Todos ellos por los delitos de detención ilegal, falsedad en documento público, prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

En esta denuncia se incluye una foto tomada en una jornada de caza (como aquella que acabó con la carrera política del ex ministro Bermejo), que deja clara constancia de la estrecha amistad existente entre el comisario de policía y el fiscal decano de Talavera de la Reina, el del chalet ilegal, por cuya denuncia ese fiscal y sus cómplices llevan años represaliando al juez Presencia.

En la foto aparece el fiscal Ángel Demetrio abrazando cariñosamente a su abogado, y con el otro brazo a su lugarteniente, Valentín Galán Caldera, un guardia civil jubilado a toda prisa a raíz de un expediente disciplinario gravísimo incoado por el propio benemérito cuerpo.

Esta foto, en la que aparece también el comisario de policía que ejecutaría sin rechistar la orden de detención ilegal, explica por sí misma que no se investigase aquella primera denuncia y la razón por la que se detuvo y se fichó ilegalmente al juez Presencia.

El ministro del interior, Marlaska, tendrá que responder penalmente de todos estos abusos.