Falsedad en documento público, tráfico de influencias y prevaricación.

Estos son los delitos por los que el juzgado número 19 de Madrid investigará a Federico Trillo, quien era ministro de Defensa cuando tuvo lugar el siniestro del Yak-42, un accidente aéreo que tuvo lugar el 26 mayo del 2003 y en el que murieron 75 personas, 62 de ellas militares españoles, que viajaban desde Afganistán. La denuncia, interpuesta por la asociación ACODAP, fue admitida a trámite el 2 de diciembre, fecha de apertura de diligencias previas.

Esta catástrofe supone hasta la fecha la mayor tragedia de las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz: un vetusto avión Yakovlev 42, fletado a través de una cadena de subcontratas por el Ministerio de Defensa de Federico Trillo, se estrelló cerca de su escala, Trebisonda, en la costa norte turca.

Varios familiares de los caídos que han querido saber la verdad de lo acontecido han sufrido durante estos últimos 19 años todo tipo de desprecio o vacío por parte de las autoridades. Mientras tanto, sigue sin explicarse por qué hubo tanta prisa por la identificación y traslado de los restos mortales; a consecuencia de ello, a una treintena de caídos se le asignó una identidad errónea,  aún quedan partes de víctimas sin repatriar y hubo casos en los que se llegaron a mezclar restos de varios cuerpos en un ataúd.

Judicialmente, el caso quedo ‘resuelto’ con tres condenas: una al general Vicente Navarro, por un delito de falsedad de documento oficial; tres años de cárcel y dos años de inhabilitación. Y el comandante José Ramón Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, ambos «cooperadores necesarios», recibieron un castigo de un año y medio de prisión cada uno y un año de inhabilitación. Luego llegaron sus indultos.

Esperanza en el juzgado

Ahora, esta apertura de diligencias previas proporciona un rayo de esperanza para que, al menos, el máximo responsable de Defensa en aquella época rinda cuentas ante la Justicia de un hecho del que el Ministerio es, a todas, luces responsable.

Este caso arranca con la presentación de un formulario de atención ciudadana ante el Consejo general del Poder Judicial por parte de Juan Manuel Molina Valdés, comandante jubilado, investigador militar operativo y colaborador de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP)

En su denuncia, cita un artículo de El País de la época para señalar que Trillo «echó mano de la justicia militar» al ver cómo los jueces de Torrejón (en donde se encuentra la base aérea en a la que llegaron los restos desde Turquía) negaban tener competencia sobre el asunto. Así, en lugar de acudir a la Audiencia Nacional,

«fue el titular del Juzgado Togado Militar Territorial número 32 quien, desde Zaragoza y sin más apoyo que los falsos certificados de defunción de Navarro, dictó las licencias de enterramiento o incineración. Y evitó el escándalo (…)».

El informe del CGPJ señala que lo denunciado por Juan Manuel Molina Valdés

«se circunscribe básicamente al ámbito de un presunto ilícito penal cometido por el Juez Togado Militar Territorial número 32 – y por el entonces Ministro de Defensa, D. Federico Trillo – al no ser juez competente y haber emitido informe o acta falsa – licencias de enterramiento o incineración – en el transcurso de la recepción de las víctimas del accidente del Yak 42″.

Estos hechos, según dicho informe del Poder Judicial, «no fueron objeto de análisis por la sentencia número 40/2009 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de manera que, a día de hoy, su veracidad está sin contrastar«.

Por  esa razón, la asociación ACODAP ha presentado denuncia ante la jurisdicción ordinaria contra el entonces Ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa y Martínez-Conde, y contra quien fuera en la fecha de los hechos el titular del Juzgado Togado Militar Territorial número 32 de Zaragoza,

«por si la actuación de ambos personajes pudiera ser constitutiva de un delito de falsedad en documento público en concurso con un delito de prevaricación y tráfico de influencias, para que puedan ser investigados los hechos reflejados en la noticia publicada sobre el particular en fecha 27 de marzo de 2009 en el diario El País».

En declaraciones a Público, el magistrado de los juzgados de Talavera de la Reina Fernando Presencia, fundador de ACODAP y personado él mismo como acusación contra Trillo, indica que aunque no está colegiado, está

«legitimado para actuar en defensa de las víctimas por mi condición de juez y de licenciado en Derecho».

No obstante, si la causa prospera deberán contar las partes con representación letrada para las vistas.

Fernando Presencia cuenta con una larga trayectoria profesional y como denunciante de la presunta corrupción judicial, que le ha costado varios procesos, especialmente dos sentencias firmes que le condenaron a un total de veinte años de inhabilitación, según él «la mayor pena impuesta a un juez por el delito de prevaricación judicial en toda la historia de nuestra democracia reciente», y por las que ha pedido revisión.