Hasta 32 fiscales de Toledo, que suponen prácticamente la totalidad de su plantilla, han “respaldado” a su fiscal jefe, Antonio Huélamo Buendía, ante las acusaciones de una compañera de esa Fiscalía que le ha denunciado públicamente por «acoso por razón de género».

La fiscal de Toledo ha hecho la denuncia ante el Tribunal Supremo al considerar que sufrió «una gravísima situación de acoso por razón de género» por parte de su jefe y la Fiscalía General del Estado. Con un embarazo de alto riesgo, se enfrentó a su fiscal jefe cuando este le exigió que despachara todos los asuntos pendientes aún encontrándose de baja médica.

La fiscal no lo hizo por considerarlo ilegal, la Fiscalía General la expedientó y sancionó por una falta grave de retrasos injustificados y la afectada ha pedido ahora al Alto Tribunal que anule la multa impuesta por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Considera que se la ha sancionado como represalia por «haberse atrevido a cuestionar una orden manifiestamente ilegal de su fiscal jefe».

En el recurso alega «especial discriminación por razón de embarazo» y sostuvo que la multa impuesta era una «represalia» por haberse negado «a cumplir la orden ilegal de su superior jerárquico: seguir trabajando desde casa a pesar de encontrarse de baja por un embarazo de riesgo».

Lo sorprendente ha sido la reacción de sus compañeros de carrera, que han hecho público a través de los medios de comunicación un escrito dirigido a los interesados y otras autoridades, firmado por la casi totalidad de la plantilla de fiscales de Toledo, en el que se apoya y justifica al presunto acosador censurando al mismo tiempo a la víctima del acoso.

El artículo 418.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial considera falta grave “Dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de fiscal, o sirviéndose de esta condición”.

Por otra parte, el artículo 417.4 de la LOPJ sanciona como falta muy grave “La intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier clase, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de jueces o magistrados”

ACODAP, la asociación contra la corrupción liderada por el juez Presencia, considera que el verdadero propósito de este escrito firmado por 32 fiscales era presionar ante la opinión pública a los magistrados que están conociendo del recurso contra la sanción impuesta a la víctima del acoso, precisamente para que no se le anule la multa.